¡Sigue el guión de Trump! Descubra aquí los errores del informe de Bachelet

Publicado: 08/07/2019 03:34 PM

El pasado 4 de julio salió a la luz pública el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Un documento lleno de errores y carente de imparcialidad, que como era de esperarse, ha sido celebrado por la derecha venezolana y sus aliados internacionales; pero condenado por diversos países en el seno de la ONU, como: Rusia, China, Turquía, Belarús, Myanmar, Irán, Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre otros, así como movimientos sociales en el mundo y organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

El equipo de la Alta Comisionada realizó una visita en marzo de este año durante 12 días por el país; mientras que Bachelet estuvo en la nación del 19 al 21 de junio; sin embargo el informe de la expresidenta de Chile se centra en 460 entrevistas realizadas fuera de Venezuela del total de 558 que llevó a cabo.

El informe es, en su mayoría, una copia del discurso que ha venido manejando el Gobierno de Estados Unidos, sus aliados en la región y la derecha venezolana contra el  Gobierno constitucional que lidera el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a quien trata de hacer ver como “dictador”, y  un supuesto “violador de los Derechos Humanos”.   

Alfred De Zayas, hasta el año pasado experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), condenó el pasado 5 de julio que para la elaboración del último Informe del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada empleó el mismo secretariado que le hacía los informes al Alto Comisionado anterior: El príncipe jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, un hombre que en los cinco años que estuvo en el cargo no cesó en sus ataques contra la Revolución Bolivariana.

“La visita histórica de Michelle Bachelet a Venezuela tenía potencial, pero el informe, escrito por la misma secretaría que hizo los informes de Zeid, es fundamentalmente defectuoso y decepcionante (…) Le recomendaría al AC que reemplace al equipo que la asiste y se asegure de que el nuevo equipo trabaje profesionalmente y con imparcialidad”, manifestó en su blog personal.

Asimismo denunció que el informe de Bachelet “presta poca atención al problema central: El bloqueo financiero y las sanciones que causan tanto sufrimiento y muerte”.

A continuación veamos como el informe de Bachelet carece de imparcialidad y como la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos terminó obedeciendo y siguiendo los interesés políticos del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región.

Entrevistados privilegiados

Ya en la introducción, en el punto 3 del informe comienzan a mostrarse los primeros rasgos de parcialización cuando informan que entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el Acnudh llevó a cabo nueve visitas para entrevistar a “personas refugiadas y migrantes venezolanos” en ocho países. Vale destacar que siete de ellos son miembros del autodenominado Grupo de Lima: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. El octavo es España.

En el punto seis precisan que en total realizaron 558 entrevistas a “víctimas, testigos y otras fuentes, incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y oficiales de seguridad”. Sin embargo el pie de página describen que de ese total, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, en los países mencionados anteriormente.

En ese mismo punto 6 dice el informe que celebraron “159 reuniones con una amplia variedad de partes interesadas, incluyendo actores estatales”. Sobre esto aclaran al pie de página que fueron celebradas en los ochos países mencionados anteriormente, más Venezuela y Suiza.

Hasta ahora el informe de Bachelet demuestra que dio más importancia a las opiniones que recogió fuera de la nación, que la del propio país que es objeto de estudio.

Las sanciones que omite

En el capítulo denominado “Los derechos económicos y sociales”, en su punto 10, el informe dice que: “La crisis económica y social se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. A medida que la economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción en las exportaciones de petróleo”.

Lo que omite Bachelet y su oficina en ese punto, por ejemplo, es el hecho que en 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó tres Ordenes Ejecutivas contra la economía venezolana. La primera de ella en marzo, se trató de la número 13827, contra la criptomoneda Petro. Un mes después, la 13835, contra las cuentas por cobrar y otras operaciones de Venezuela. Finalizó ese año con la 13850, rubricada en noviembre contra las operaciones de comercialización del oro de Venezuela. Tampoco hace alusión que el 28 de enero de 2019, rubricó la Orden Ejecutiva 13857, que establece el bloqueo – congelamiento de los activos de Pdvsa (Citgo) en EEUU.

En el punto 14 sus críticas van contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), y asegura que “el Gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación”.

Una vez más omite decir que las cajas de alimentación que tanto han molestado a la derecha son subsidiadas por el Estado, y que permite atender con alimentación básica a alrededor de 24 millones de personas, unas 6 millones de familias venezolanas, como manifestó el pasado 25 de junio el Canciller de la República, Jorge Arreaza, durante su participación en la 41ª Conferencia de la FAO.

Tampoco se refiere a los más de 5,3 millones de niños y niñas que diariamente en sus escuelas reciben desayuno, almuerzo y merienda en Venezuela a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cifras que ofreció en aquella oportunidad Arreaza ante la FAO.

El informe de Bachelet tampoco hace mención a las Casas de Alimentación, comedores populares, donde el Estado brinda atención a los sectores más vulnerables. Tampoco hace alusióna las Jornadas A Cielo Abierto, que realiza el Gobierno para expender alimentos a precios accesibles.

Asimismo tampoco se refiere a las alianzas que mantiene el Estado con países como Turquía, Rusia, entre otros para la adquisición de rubros alimenticios.

Omitió Bachelet, por ejemplo, que el 27 de mayo de este año varios buques cargados de alimentos para el programa Clap fueron saboteados y no se les permitió zarpar hacia Venezuela, como denunció en esa oportunidad el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Se le olvidó mencionar a la Alta Comisionada sobre las amenazas que lanzó a comienzo de junio el gobierno de Trump de sancionar a este programa de alimentación.

Reconoce pero igual culpa

En el punto 19, el informe de la Alta Comisionada hace aunque sea a regañadiente, un reconocimiento del impacto de las sanciones económicas en el sector salud, “particularmente las posibilidades de recibir tratamiento médico urgente fuera del país, incluyendo trasplantes”; sin embargo en el punto siguiente continúa con su línea de agresión al sentenciar que “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.

Agrega de manera cínica que “Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales”.

En ninguno de estos puntos, ni en los otros tres anteriores, donde hizo referencia a la salud en el país, fue capaz de mencionar que el Gobierno de Estados Unidos en complicidad con sectores de la derecha se robaron Citgo, filial de Pdvsa en territorio estadounidense, que se encargaba de pagar tratamientos médicos, como transplantes a venezolanos en el exterior. Tampoco hace alusión a los 1.543 millones de euros que tiene  bloqueado a Venezuela la entidad bancaria en Portugal, Banco Novo, y que estaban destinados a cancelar tratamientos médicos y medicinas.

Desestima las medidas coercitivas unilitares

Si bien es cierto que el informe de Bachelet tiene un intertítulo denominado: “Medidas coercitivas unilaterales”, no crean que hace una condena a las sanciones y el bloqueo contra el país.

En el punto número 25 tratan de hacer ver que las sanciones “son selectivas” y según ellos han estado dirigidas “a unas 150 personas”. Se refieren a las medidas coercitivas unilaterales del gobierno gringo contra Pdvsa, pero solo hablan de las medidas a esta empresa en jurisdicciones estadounidense, en ningún momento hacen mención del bloqueo, las sanciones y robo que están cometiendo contra las filiales de la empresa petrolera en otras naciones como por ejemplo Argentina.

En los dos puntos siguientes el informe trata de hacer ver que las sanciones no son las responsables de la “Crisis económica”, pues asegura que “la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial” en 2017.

En otras palabras, a la Oficina de la Alta Comisionada parece que se le olvidó que el 9 de marzo de 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, firmó el decreto 13692 en la que declara a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense".

Así como se le olvido mencionar que tras la muerte del Comandante Eterno Hugo Chávez, en 2013, sectores de la derecha nacional con apoyo internacional ejecutan una guerra económica contra el país que ha consistido en generar escasez, hiperinflación inducida, robo de la moneda, y dolarización de la economía.

La defensa del informe a la AN

En el punto 30 como era de esperarse salieron en defensa de la Asamblea Nacional en desacato, la cual aseguran que ha sido “desmentelada”. Sin embargo no dicen que esta instancia se encuentra en desacato porque en enero de 2016 juramentaron a tres diputados violando una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo impedía. Tampoco señalan que parlamentarios que conforman esa instancia han estado involucrados con intento de golpe de Estado, e incluso intentos de asesinatos. Tampoco menciona que desde ahí han promovido bloqueos y sanciones contra el país, y que varios de sus miembros han promovido una intervención militar extranjera contra la nación.

Las mentiras sobre DDHH

El informe trata de hacer creer que el Gobierno Nacional supuestamente viola los Derechos Humanos, de hecho en el párrafo 30, el informe también lo acusa de desarrollar una supuesta política de represión y persecución de la disidencia.

“Este señalamiento resulta falso. Además, en su análisis la Oacnudh no menciona las diversas acciones de violencia y contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, emprendidas por sectores de la oposiciónvenezolana desde el año 2002”, como mencionó el Estado en las 70 observaciones que presentó sobre el informe.

En el punto 33, la Alta Comisionada asegura que instituciones responsables de la protección de estas garantías como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, supuestamente no llevan a cabo investigaciones transparentes sobre estos hechos,  y “no llevan a las personas responsables ante la justicia”.

Como le recordó el Estado venezolano en las 70 observaciones que presentó sobre el informe, “el Gobierno informó a la Oacnudh que, hasta la fecha, existen 44 personas privadas de libertad su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto”.

Omite a las víctimas de la Guarimba

En el punto 39 del informe, se refieren a las manifestaciones ocurridas en Venezuela en los últimos cinco años, y acusan a las fuerzas de seguridad de hacer “un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la finalidad de infundir miedo”. En nigún momento mencionan las protestas violentas que lideraron sectores de la derecha, en donde integrantes de esa corriente  quemaron personas vivas, colocaron guallas asesinas, entre otros actos terroristas.    

El pasado 5 de julio, la presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), María Eugenia Russián, recordó que la Alta Comisionada visitó su sede en Caracas, donde se reunió con familiares de víctimas que fueron asesinadas por sectores de la oposición venezolana. “Allí conversó con la madre de Orlando Figuera, quien fue linchado y quemado vivo, y también escuchó al padre de Elvis Durán, degollado por sectores antigubernamentales, pero no hay ninguna referencia de ellos en el informe”, explicó, refirió una nta de prensa de la ONG.

En el párrafo 41, el informe reproduce los datos de personas supuestamente detenidas “por motivos políticos” aportados por Organizaciones No Gubernamentales. Sin “embargo, omite la información facilitada por el Gobierno en relación con los casos de personas detenidas en el país. En este marco, resulta alarmante que la Oacnudh no se detenga a revisar con detalle cada uno de los casos y califique como detenidos “por motivos políticos” a funcionarios policiales condenados por violación de derechos humanos, a personas procesadas por la quema de seres humanos y a detenidos por el homicidio de civiles o funcionarios de seguridad, entre otros hechos especialmente graves”, como recordó el Estado en las 70 observaciones que presentó.

 En el informe hay más omisiones y falsedades contra el Gobierno Nacional. Lo que evidencia que desde esta oficina siguen plegados al discurso del Gobierno de los Estados Unidos. No tiene justificación que no haya una condena firme y una exigencia que cese el bloqueo que imperio gringo mantiene contra la Patria de Bolívar.