¿Qué es el lawfare y cómo lo usan en Latinoamérica?

Publicado: 10/02/2023 09:00 PM

La nueva modalidad norteamericana en golpes de Estado para Latinoamérica es el lawfare; una forma de injerencia y un arma política que por medio de procesos legales, inmoviliza políticamente o destituye a quienes ocupan cargos públicos en un país contrario a los intereses imperiales de EEUU.

Entre las tácticas del lawfare están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir o sembrar confusión en la opinión pública, bloquear los intentos de los implicados para rebatir las acusaciones y defender sus derechos.

Al revisar la presencia y proyección de EEUU por medio de su jurisdicción en otros países mediante acuerdos bilaterales y multilaterales e incluso por vías ilegales (espionaje), el lawfare se ha venido interpretando como una herramienta de poder blando que actúa en el campo de los marcos legales nacionales y regionales, utilizados para perseguir los intereses geopolíticos y geoeconómicos de norteamérica, generalmente propiciando o apoyando procesos de desestabilización e incluso “cambios de régimen”.

La investigadora española Patricia Moreno, realizó un estudio publicado en 2021 en el que explica que “el objetivo de la guerra jurídica es desprestigiar y desacreditar a una autoridad influyente, bien para evitar que se presente a futuras elecciones o para retirarla de la vida política”.

Comenta además en su investigación, que estos procesos son impulsados por sectores  opositores al gobierno de turno o de determinados grupos políticos, que centran su estrategia en la persecución por la vía judicial-mediática, buscando y recibiendo apoyo internacional, en particular del gobierno de EEUU a través de organizaciones no gubernamentales.

Las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel importante en la divulgación de información vinculada a guerras jurídicas, pues afectan a la opinión que el público se forma de quien está siendo víctima. Se ha contrastado el lawfare con un golpe de Estado blando, llamado así porque no es violento. Sin embargo, el fin de un golpe es tomar el poder de manera ilegal, mientras que en una guerra jurídica se pretende deponer a la persona precisamente con procesos legales.

 Guerras jurídicas en Latinoamérica

De acuerdo al recorrido del lawfare, tanto en la academia española como en su aplicación en América Latina, parece pertinente retomar el sentido propuesto por el profesor Rafael Valim de la Escuela de Leyes de la Universidad de Manchester,  en su libro "Lawfare: la Ley en contra de la Democracia" publicado en 2018,  dónde destaca que: "es mucho más que la judicialización de la política. Sería una estrategia para destruir enemigos y cumplir objetivos políticos. Supone la negación de la democracia, en la medida en la que se exacerban los valores neoliberales mediante el uso de la ley como instrumento a favor de unos pocos, en lugar de aplicarse en beneficio de las mayorías".

Según esta afirmación, el aporte clave de lawfare es su dimensión estratégica, que se visualiza en tres aspectos: geografía, armamento y externalidades. En lo geográfico entra la territorialidad y el tipo de jurisdicción o alcance de la jurisdicción de determinados organismos; así se vio en el caso brasilero Lava Jato donde fue clave el rol de la Corte de Curitiba, con el juez Sergio Moro, quien estuvo en contacto permanente con el Departamento de Justicia de EEUU.

En cuanto al armamento, se refiere a la aplicación de la ley como un arma para eliminar al enemigo, procesos judiciales por anticorrupción y lavado de dinero, aplicadas a partir del mecanismo de las acusaciones sin pruebas, que no aporta unas mínimas garantías jurídicas. Finalmente, las externalidades hacen referencia a diferentes tácticas para generar un ambiente propicio para derribar al enemigo. Aquí destaca el rol de los medios de comunicación articulados con el aparato judicial (la filtración de la conversación entre Lula da Silva y Dilma Rousseff, los cientos de portadas de prensa gráfica y horas de tv dedicadas al proceso contra Lula da Silva y el veredicto de “culpable” con mucha antelación al debido proceso judicial,) por lo que el profesor Valim aclara que: "esta definición se ajusta a los casos de persecución contra Dilma y Lula en Brasil, Cristina Fernández en Argentina y Rafael Correa en Ecuador, pero que, estrictamente hablando, el lawfare puede ser utilizado tanto por la derecha, como por la izquierda”.  

Las guerras jurídicas han sido habituales en América Latina durante la última década. En 2016, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue condenada en un impeachment o juicio político por manipular los presupuestos del Estado. En 2017, la expresidenta y entonces senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner vio la apertura de múltiples causas judiciales en su contra, la mayoría por corrupción, aún no probada, en un proceso legal que todavía continúa.

En Colombia para 2018 se emitieron órdenes de captura internacional contra el exjefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)  Jesús Santrich, por narcotráfico, pero un año después quedó en libertad por falta de pruebas. Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, fue condenado por un delito de corrupción también en 2018 y después sería inhabilitado para ocupar cargos públicos. 

Ahora bien, quizá el caso más sonado de guerra jurídica es el del presidente de Brasil, Lula da Silva. En 2018 fue acusado y condenado por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales de la empresa Odebrecht durante su segundo mandato, pero un juez de la Corte Suprema anuló las sentencias en 2021 por considerar que tanto la fiscalía como el juez no actuaron de manera imparcial, además de no tener pruebas de tales actividades. El líder brasilero regresó a la política y  fue elegido nuevamente como presidente del país vecino en las elecciones de diciembre de 2022.