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"Nos están matando": ¿A quién le temen los líderes sociales en Colombia?

Protesta por el asesinado de líderes sociales. Bogotá, 6 de julio de 2018
Agencias

12/07/2018 08:19 PM

Todavía no había salido el sol cuando las camionetas se detuvieron a la vera del camino, entre las matas de plátano y el verde espeso de las montañas, para lanzar siete cuerpos. Todos con tiros de gracia.

Los vecinos de la vereda Desiderio Zapata, un caserío rural en las entrañas de Argelia, en el departamento colombiano del Cauca, sintieron la llegada de los vehículos y el golpe seco de varios bultos sobre el terraplén. Cuando se acercaron para mirar, encontraron los cadáveres de hombres entre 25 y 35 años, todavía vestidos con ropa de trabajo y calzados con botas altas; y sus pieles, que ya se habían tornado oliváceas, mostraban signos de tortura. Los habían matado en El Tambo, una zona al norte del municipio, pero los asesinos dejaron los cuerpos allí, justo una semana después de que los panfletos del Comando Popular de Limpieza (CPL) amenazaran con una 'limpieza social'.


"Es preocupante la justificación y tergiversación que están haciendo la derecha y sus líderes de opinión para tratar de minimizar las masacres a líderes sociales. Por una parte, aseguran que se trata de una utilización política de la izquierda, y por otro, tratan de responsabilizar únicamente a las Farc y al ELN. El peligro es que se terminen legitimando todas las muertes", explica Vásquez. 

Lo que enciende todas las alertas es el asesinato sistemático de líderes sociales y comunitarios desde 2016, a pesar del acuerdo de paz. La cifra de homicidios, según las estimaciones de Indepaz, alcanza un total de 273 dirigentes comunales. Sin embargo, el número de víctimas asciende a 399 si se toman en cuenta los casos documentados por Publimetro.

La denuncia no es nueva, pero la postura oficial sí. En octubre del año pasado, Santos negó que el asesinato de activistas fuese sistemático y atribuyó las muertes a "razones personales", sin embargo, a pocas semanas de dejar su cargo en la Casa de Nariño, el presidente saliente ha activado a una Comisión Nacional de Garantías para investigar los hechos y "actuar con toda contundencia contra quienes atacan a los líderes sociales".

Para Vásquez, el Gobierno de Santos falló al no reconocer el problema a tiempo y activar los protocolos para proteger a los líderes sociales, lo que a su juicio da pie para "favorecer más las condiciones de impunidad a quienes cometen nuevos crímenes".

El vacío de las Farc

La activista y directora de la Corporación Región, Marta Villa, identifica dos elementos centrales como responsables del recrudecimiento de la violencia en Colombia: el vacío dejado por la desmovilización de las Farc, que no fue ocupado por el Estado y está en pugna entre otros actores armados; y otra, más vinculada a la Ley de Víctimas, que tiene que ver con la restitución de tierras.

Los conflictos territoriales se han atizado especialmente en las zonas donde abundan los cultivos de coca, como en el caso del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. Ahora que las Farc no participan en el negocio, otros grupos armados, entre ellos ex combatientes que desertaron de las zonas de desmovilización, tratan de ejercer control "sobre los circuitos de circulación de droga", explica Villa. Los "corredores" con salida al Océano Pacífico son los predilectos.

Un hecho controvertido en ese contexto es que, desde que se hicieron públicas las negociaciones de paz, aumentaron los cultivos de coca, al punto de que el Gobierno colombiano estuvo al borde de la descertificación por parte de EE.UU. Las hectáreas sembradas pasaron de 78.000 en 2012 a 159.000 hasta 2015, según un informe de Control de Narcóticos elaborado por el Departamento de Estado.


Dos casos emblemáticos de estos reclamos fueron los asesinatos de Hugo Albeiro George Pérez, de 47 años; y Luis Alberto Torres, de 35, perpetrados en el departamento de Antioquia, al noroccidente del país andino. Los crímenes se cometieron con apenas seis días de diferencia y ambos activistas luchaban contra el mismo megaproyecto: HidroItuango, la presa hidroeléctrica más grande y ambiciosa en la historia de Colombia. Aún la justicia no ha determinado quiénes fueron los responsables.

Un dato revelador de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia lo ofrece un estudio de Javier Giraldo sobre el conflicto armado: entre 1980 y 1995, los narcotraficantes compraron las mejores tierras del país y se hicieron con 42% del territorio nacional. En 2007, los paramilitares despojaron 744.580 hectáreas, lo que dejó como resultado el desplazamiento de casi un millón de campesinos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Antioquia, Chocó y Meta.

Una paz frágil

Aunque Villa y Vásquez reconocen que ha habido avances importantes en el país con respecto a la participación política de las Farc, que después de su desarme funcionan como partido, advierten que las deudas de la implementación del acuerdo son muy altas, especialmente en las áreas de tenencia de la tierra, erradicación de cultivos y planes de reincorporación de ex combatientes a la vida civil.

"Creo que el riesgo de que haya un retroceso importante en esos temas es bastante latente", agrega Villa, quien por el momento descarta que entre esos peligros esté la posibilidad de que las guerrillas resurjan. "Pienso que la satisfacción de esas demandas se va a exigir por la vía de la protesta social, no por la vía de las armas".

Vásquez es menos optimista y considera que el asesinato de los líderes sociales es un síntoma de las nuevas violencias que encuentran espacio en Colombia, especialmente por la salida de las Farc como actor armado: "Hay un reacomodo de los criminales herederos del paramilitarismo, que no solo están en el negocio de la coca, sino que participan en las economías ilegales que dependen de la minería, de la extorsión, y que tienen relación con la clase política de las regiones. Además, el ELN sigue en armas".


Vásquez, por su parte, lamenta que los líderes sociales se hayan convertido en el blanco más vulnerable porque son ellos quienes "le han puesto el pecho a la pedagogía de paz en los territorios difíciles", en esos espacios los históricamente más afectados por la guerra. "Ellos asumieron la tarea que el Gobierno no supo hacer; montados en lanchas, en caballos o pie, poniendo en riesgo sus vidas, llegaron a la Colombia profunda para decir que había que apoyar el acuerdo, aunque tuvieran los medios en contra y recibieran amenazas de bandas criminales que prometían asesinarlos".

La paz en vilo

"Rechazo categóricamente todos los actos de violencia en el país contra los líderes sociales y líderes políticos. Yo quiero que Colombia retome la agenda de la legalidad", dijo el presidente electo, Iván Duque, el pasado 6 de julio.

El nuevo mandatario aseguró que brindará protección "a todas las personas que se han desmovilizado, a los líderes sociales y líderes políticos". El mismo día de esas declaraciones, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que esa institución se abstendría de ofrecer financiamientos a Colombia si retorna el conflicto armado, lo que fue interpretado como una clara señal de presión para no modificar el rumbo del acuerdo.

Para Villa, este tipo de presiones no son suficientes para que el Gobierno de Duque frene su deseo de modificar el acuerdo, pero "será una contención importante y necesaria". Vásquez coincide en que la atención de la comunidad internacional al proceso será vital no solo para proteger la paz pactada, sino la democracia.

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