La diplomacia guerrerista estadounidense: Operaciones de falsa bandera en Venezuela (4)

Publicado: 05/05/2023 05:35 PM

La guerra blanda que aplica EEUU sobre nuestro país está acompañada por venezolanos que siempre han apostado por la caída de la Revolución Bolivariana a través de cualquier vía, sin medir el daño que esto ha hecho a los ciudadanos, obligándolos incluso, por medio de campañas mediáticas, a abandonar su tierra y convertirse en migrantes a su suerte.

Así vimos como en 2011 se desarrolló una huelga de hambre en el marco de la mal llamada Operación Libertad, 23 días duró aquel evento en el que aseguraban estar listos para dar batalla hasta el final, que era la renuncia del Presidente Hugo Chávez. Este intento fue liderado por Lorent Saleh, coordinador nacional de Juventud Activa Unida de Venezuela (JAVU) y por el exalcalde prófugo, Antonio Ledezma.

Luego, en 2013 se realizó la Operación Soberanía, en donde el 14 de febrero de ese año, diversos grupos estudiantiles de derecha se organizaron con el fin esclarecer los detalles de la evolución de la enfermedad, recuperación y tratamiento del presidente Hugo Chávez, quien padeció un cáncer invasivo de rápido desarrollo, y los huelguistas sostenían que existía una total confusión debido a la "información viciada" dada por los representantes del gabinete ejecutivo. Ese mismo año, los profesores de las universidades que conforman la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) comenzaron a presionar al Gobierno venezolano para recibir un aumento de salarios y beneficios, para ello FAPUV convocó a un paro nacional de profesores, lo que intensificó el conflicto, dando inicio a una serie de protestas estudiantiles, apoyadas por algunos profesores y empleados. Las protestas consistieron en marchas hacia las sedes de diversos organismos públicos, obstrucción de importantes vías de las principales ciudades, concentraciones en plazas, entre otros.

A pesar de que en negociaciones con la FAPUV, meses antes se acordó un paquete de salarios y beneficios bajo el título de Convención Colectiva Única del Sector Universitario, que ofrecía entre otras cosas, un aumento escalonado de salarios, pero luego de la aprobación fue rechazada por esta federación, al alegar que incluía elementos ideológicos y socialistas, lo que a su juicio “violaba la Constitución y la libertad de pensamiento que debe existir en el sector universitario”.

En 2014 fuimos testigos de lo que se denomina la Masacre del día de la Juventud convocada por Leopoldo López y María Corina Machado. Luego de perder las elecciones, el candidato a la presidencia Henrique Capriles mandó a descargar su "arrechera" (rabia) e incendiar centros de salud; esto dio como resultado el asesinato de 11 personas que incluyó niños,  con lo que dio inicio al plan La Salida. Este plan desestabilizador se extendió hasta el 2015, cuando por garantizar la vida del líder opositor de la época, Leopoldo López es resguardado para calmar la ola de violencia.

Para el 2016 se iniciaron actividades violentas llamadas Toma de Caracas con el fin de exigir, de manera extemporánea e inconstitucional el referendo revocatorio del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. A estas protestas pagadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), ambas estadounidenses, se les unió un manipulado sector estudiantil y se extendieron hasta 2017 con las guarimbas. Se produjeron varias muertes de personas inocentes.

Durante el año 2018 se registró una cifra récord de manifestaciones en nuestro país, debido al reforzamiento de sanciones estadounidenses que no permitían el acceso a nuestros recursos, lo que provocó el colapso de servicios básicos y el incumplimiento de acuerdos laborales, y condujo a protestas de calle, que se caracterizaron como un espacio de violencia política financiada por la CIA y la NED.

En el 2019 se vivió en Venezuela un evento nunca antes visto en la historia política mundial, un diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el partido Voluntad Popular, llamado Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente de la república y comenzó la llamada Operación Libertad. Apoyado y reconocido por EEUU y otros países, se inició la aplicación de una serie de sanciones y robo de los recursos nacionales jamás vistos, el secuestro de empresas como CITGO y Monómeros, además de nuestras reservas en oro y congelamiento de deudas a países que le dieron reconocimiento a su autonombramiento y decidieron negociar el impago de esos recursos. Actualmente se estiman unas pérdidas de la reserva nacional de más de 150 millones de dólares, afectando el funcionamiento del aparato productivo, servicios básicos y la vida cotidiana de los venezolanos.

Para el año 2020 se llevó a cabo la denominada Operación tormenta perfecta, que constó una serie de situaciones como la caída de los precios del petróleo, la escasez de gasolina, la intensificación de las sanciones, a lo que se sumó la pandemia por COVID-19, que hizo mucho daño a la economía. El presidente Nicolás Maduro atribuyó la situación al  recrudecimiento de sanciones impuestas por EEUU, e implementó un plan especial contra el desabastecimiento.

La producción de crudo de ese año fue de 865.000 barriles diarios, reportó Petróleos de Venezuela (PDVSA) en febrero a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP); una caída considerable frente a los 3,2 millones reportados en 2008. Venezuela, con una economía reducida a más de la mitad y que sus ingresos en su mayoría provienen del petróleo, perdió proveedores por miedo a ser expuestos a sanciones impuestas por Washington a Caracas, tuvo que importar gasolina para mantener el consumo interno, además de todos las incidentes para poder tener acceso a vacunas y material de primera necesidad y así atender a los ciudadanos durante la pandemia.

Los años 2021 y 2022 se caracterizaron por el ataque a la producción petrolera a través de las sanciones, afectando directamente los ingresos nacionales; así vimos como parte del plan de desestabilización fue acompañado por una considerable migración de venezolanos a otras latitudes, buscando una opción de vida más tranquila. Este fenómeno migratorio, bien mediatizado y conocido como la diáspora, ocasionó actitudes xenófobas en países vecinos, al ser catalogados por la dirigencia opositora como "una enfermedad contagiosa para toda la región".

EEUU, con la intención de reforzar legalmente el ataque a nuestro país, aprobó en 2014 la Ley de defensa de Derechos Humanos y sociedad civil de Venezuela, que es una ley usada para imponer sanciones específicas a determinados individuos en Venezuela que fueron responsables, de acuerdo al criterio del gobierno estadounidense, de violaciones de los derechos humanos.

Según este comportamiento, el gobierno gringo mantiene la convicción de ser el dueño del mundo y decidir sobre el rumbo de los Pueblos, así vimos como Jay Carney, vocero de la Casa Blanca para la región, respecto a la aprobación de esa ley anunció que "estas medidas están cuidadosamente calibradas para privar a la dictadura de Maduro de una fuente fundamental de financiamiento para mantener su gobierno ilegítimo, proteger al sistema financiero de Estados Unidos para evitar ser cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su población; y permitir la asistencia con fines humanitarios".

Hasta ahora, se contabilizan 930 órdenes sancionatorias que le impiden al gobierno venezolano vender y comprar lo que produce y necesita para el desarrollo de la existencia colectiva, que se traducen en sufrimiento y agresiones sistemáticas que coartan la vida y los derechos de nuestro pueblo, por lo que se catalogan como crímenes de lesa humanidad.