Chile: Boric desplegará Ley de Seguridad contra camioneros en huelga

La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, anunció este miércoles que el Gobierno desplegará la Ley de Seguridad del Estado contra los camioneros que iniciaron el lunes una huelga para pedir mayor seguridad y protestar por el alza de los combustibles.

En conferencia de prensa, Tohá señaló que la protesta "no es aceptable, no lo vamos a tolerar", por lo que el Ejecutivo “ha decidido que va a invocar la Ley de Seguridad del Estado, como corresponde en casos como este, y eso es un hecho", enfatizó.

Esta ley destaca que "toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública" que produzcan alteraciones o perturbaciones "será castigado con presidio o relegación menores en sus grados mínimo a medio".

"El lunes se hizo un acuerdo que contenía medidas muy significativas, un esfuerzo importante por dar una respuesta concreta a varias demandas que se habían planteado por parte de los transportistas", explicó la funcionaria chilena.

Sin embargo, después de eso ha habido grupos que han mantenido una interrupción del funcionamiento normal de las carreteras, lo que ha afectado a las personas, a la circulación y al abastecimiento en distintos puntos del país, agregó Tohá. 

Tras el anuncio del Gobierno, el presidente de la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza del Norte de Chile, Cristián Sandoval, pidió a los camioneros continuar con la huelga, pero permitir el tránsito a los vehículos menores. 

"Sé que están un poco preocupados por las declaraciones que hizo la ministra Tohá (...) El llamado de nosotros para ustedes, colegas, es que se mantengan a un costado de la berma y dejemos el libre tránsito para los vehículos menores", comentó, citado por RT en su portal web.

Los transportistas exigen, entre otras cosas, que se rebaje el valor de todos los combustibles en un 30 % durante seis meses. El titular de Hacienda, Mario Marcel, consideró "desproporcionada" esta propuesta, ya que podría suponer un gasto al Estado de 6.500 millones de dólares.