Publicado: 31/08/2022 10:00 PM

• Enfrentados públicamente el canciller Ochoa Antich y el ministro de la Defensa, Iván Darío Jiménez Sánchez, por responsabilidad en el escándalo. Jiménez considera que Ochoa Antich está extralimitándose en sus funciones como canciller y entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia. 
• Involucrados: Para esta fecha se habían dictado autos de detención contra los vicealmirantes Iván Carratú Molina, Rodríguez Citraro, y el contratista Pedro Lovera, propietario de IECA y miembro del entorno íntimo de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos.
• Delitos imputados: La juez del Tribunal de Salvaguarda dictó autos de detención por la comisión de los delitos de peculado doloso y peculado culposo, con penas de prisión de hasta 9 años. 
• Monto defraudado: 11.659.156,oo U$D.
• El contratista Pedro Lovera cobró los pagarés por adelantado, y no después de entregar e instalar los equipos de comunicaciones, tal como estipulaba el contrato. 
• Según el informe final los equipos para la modernización de las comunicaciones de la Armada fueron pagados a la empresa de Ingeniería Electrónica C.A. (IECA), pero nunca fueron recibidos. 
• El Estado venezolano fue representado en todas las negociaciones con la empresa IECA por el jefe de seguridad permanente del Presidente Pérez, el Contralmirante Iván Carratú Molina. 
• El Canciller Ochoa Antich destacaba culpa de Pedro Lovera, contratista amigo de CAP y miembro del entorno íntimo del Palacio de Miraflores. Decía que Lovera acompañaba a Cecilia Matos cuando hacía depósitos en cuentas cifradas en Las Bahamas, y habría cobrado irregularmente los pagarés por el contrato Turpial.

Antecedentes: 

• “Fue el 29 de septiembre de 1988, que se firma un contrato entre las Fuerzas Armadas Nacionales y la empresa IECA, para la instalación de un sistema de telecomunicaciones para la Armada venezolana. El monto acordado en la negociación fue de Once millones 669.156 dólares norteamericanos con el cual debían instalarse 28 estaciones fijas de trasmisión barco a barco y barco-avión”. 
• “Entre las irregularidades del el caso Turpial, se observaron: Contratos sin licitación, incumplimiento del control perceptivo, la no contemplación de sanciones en los casos del pago por adelantado de los pagarés, desconocimiento de las recomendaciones de la contraloría, violación de las normas que obligan a informar a la contraloría de las FAN, sobreprecio en los equipos y negativa de la Armada a aceptar una comisión de arbitraje”. 
• “De estas acusaciones surgieron autos de detención contra el Vicealmirante Iván Carratú y el Capitán de Navío Edgar José Duven, además al coronel ejercito José Rafael Aponte, al Vicealmirante Germán Rodríguez Cítaro, a Edmundo González Bogarín, por aprovechamiento de dinero proveniente de pago fraudulento y a Pedro Lovera, quien fue denunciado de formar parte del entorno de Cecilia Matos”. 
• “Al final este caso se convirtió en lo que entonces llamaron UN PLEITO ENTRE GENERALES”  
• La empresa IECA fue condenada a pagar 11 millones 90 mil 30 dólares para resarcir daños demandados por el Ministerio Público, más las costas e intereses causados. (Crédito: José M. Ameliach)”

REDACCIÓN MAZO