¡Puras joyitas! Vea cuales son los expresidentes latinoamericanos acusados por corrupción

Publicado: 06/09/2024 08:45 PM

Existen muchos políticos y expresidentes latinoméricanos y de España que han sido acusados de corruptos, entre otros delitos durante su gobierno. Como para mucho la memoria es corta, aquí le recordamos parte de las acciones de gobernantes que sobrepasaron  los límites de la justicia: 

Mario Abdo Benítez (Paraguay): El gobierno de Abdo Benítez fue sorprendido en su primer año (2019) con el escándalo del acta secreta de Itaipú que reveló un acuerdo para comercializar energía y favorecer a una empresa brasileña.

La Contraloría General de la República había detectado una serie de falencias en la Memoria Anual 2021 del presidente Mario Abdo Benítez en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Esas falencias fueron expuestas en el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal, donde se sacó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción que marcaron la gestión del gobierno de Abdo Benítez.

El reporte periodístico detalla las irregularidades detectadas durante la cuarentena, cuando la ciudadanía estaba encerrada en su casa por disposición del Poder Ejecutivo. Mientras la gente tenía prohibido salir a las calles, el Legislativo aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de US$ 1.600 millones, mientras los funcionarios corruptos y los empresarios que tenían un afán desmedido de lucro hacían sus grandes negociados entre cuatro paredes, sin importarles el terrible escenario que se avecinaba, según publicó el portal de noticias Hoy.

Fue acusado en 2024 de filtrar información confidencial para dañar a su oponente Horacio Cartes y también enfrentó un escándalo por un acuerdo energético desfavorable con Brasil.

Óscar Arias (Costa Rica): En 2019 fue denunciado ante los tribunales de justicia por acoso sexual a una médica y activista antinuclear.

El Semanario Universidad hizo pública la acusación, que detalla que la médica y activista Alexandra Arce von Herold, habría sufrido el acoso en diciembre de 2014, durante una visita a la casa de Arias en San José.

“Abrí el folder, le expliqué, y ya cuando terminamos yo me levanté dándole la espalda. Entonces él me agarró por detrás y me tocó los senos”, narró la médica al semanario Universidad.

La víctima era dirigente de la filial costarricense de una ONG internacional para la abolición de las armas nucleares y había visitado a Arias para pedir respaldo para su campaña.

Narró que el episodio causó graves trastornos en su vida y la obligó a alejarse de la dirección de la ONG que había fundado en Costa Rica.

Además junto a su hermano Rodrigo Arias adquirieron tierras que el gobierno había donado a campesinos en El Jobo, cantón de La Cruz de Guanacaste. Estas tierras, en un pasado desvalorizadas y olvidadas, fueron transformadas en hoteles de lujo y desarrollos turísticos, aumentando su valor exponencialmente. Lo que demuestra su figura hegemónica en este país.

Rafael Ángel Calderón Fournier (Costa Rica): Cinco años después de que estallara el escándalo y tras diez meses de juicio por corrupción, en 2009 un tribunal de Costa Rica condenó a prisión, por primera vez en la historia de ese país, a un ex presidente.

En uno de los casos judiciales más sonados y complejos de los que se tenga memoria en este país, el tribunal ha sentenciado a cinco años de prisión a Calderón por dos delitos de peculado (desvío de fondos públicos), relacionados con un reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo estatal.

Este caso se relaciona con el reparto de 8 millones de dólares en comisiones de un préstamo de 39,5 millones de dólares que la Caja Costarricense del Seguro Social suscribió con Finlandia en el 2002 para la compra de equipo médico a una empresa de esa nación. La acusación de la Fiscalía indicaba que Calderón y los otros siete imputados idearon un "plan delictivo" para garantizar la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo.

Iván Duque (Colombia): En mayo de 2021, la Fundación Internacional de Derechos Humanos solicitó una orden de arresto internacional contra de  Iván Duque y varios funcionarios de su gobierno por la intensidad y extensión de la violación de derechos humanos en marco del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril de ese año.

De acuerdo a la Fundación, durante el Gobierno de Duque se registraron más 3.405 casos de violencia policial, discriminados de la siguiente forma: 16 asesinatos cometidos por la Fuerza Pública, además de los 27 casos por investigar; 1.445 arrestos arbitrarios; 648 intervenciones violentas; 47 lesiones oculares de gravedad de los 175 casos de heridas por arma de fuego; 22 casos de violencia sexual; 179 caos de agresión a periodistas; 346 personas desaparecidas forzosamente.

Mauricio Macri (Argentina): Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. La cuentas de Macri estaban vinculadas en unas 50 sociedades.

La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.

Además fue procesado por la Justicia de su país, acusado de presunto espionaje ilegal. El juez federal Martín Bava acusó al exmandatario de haber espiado a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017. El juez había indagado a Macri el pasado 3 de noviembre y este miércoles, además de procesarlo sin prisión preventiva, le impuso un embargo de US$1 millón y le prohibió salir del país.

José María Aznar (España): Su partido, el Partido Popular (PP), estuvo implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción en España, conocido como el caso Gürtel.

Se trata de una trama de corrupción que salió a la luz en 2009 y que involucraba a numerosos políticos del Partido Popular en el desvío de fondos públicos. El caso Gürtel puso de manifiesto la existencia de una red de corrupción a gran escala en el seno del partido gobernante, lo que generó una profunda crisis política y dañó gravemente la imagen del PP.

Varios altos cargos del partido fueron condenados por corrupción en relación con este caso, lo que puso de manifiesto la gravedad de la situación.

Andrés Pastrana (Colombia): Durante su presidencia, Pastrana intentó negociar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este proceso, conocido como los diálogos de paz del Caguán, fue muy controvertido y finalmente fracasó. Las FARC utilizaron la zona desmilitarizada otorgada para las negociaciones para fortalecerse militarmente, lo que llevó a un aumento en la violencia.

Acusaciones de corrupción: Pastrana también ha sido acusado de tener vínculos con personajes involucrados en corrupción. Los hermanos Rodríguez Orejuela, antiguos líderes del cártel de Cali, lo acusaron de recibir dinero de la organización criminal para sus campañas políticas.

Lenín Moreno (Ecuador): Las medidas de austeridad implementadas por Moreno, como la eliminación de subsidios a los combustibles, provocaron un aumento en los precios y un descontento generalizado. Esto llevó a protestas masivas en octubre de 2019, que paralizaron el país durante varios días.

En abril de 2019, Moreno permitió que la policía británica arrestara a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, donde había estado asilado desde 2012. Esta decisión fue vista por muchos como una traición a los principios de asilo político y generó controversia tanto a nivel nacional como internacional.

Las protestas de 2019 fueron particularmente intensas y reflejaron el profundo descontento de varios sectores de la sociedad ecuatoriana con las políticas de Moreno.

Álvaro Uribe (Colombia): Durante su gobierno (2002-2010) se registraron más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano, conocidos como falsos positivos.

Esta cifra supera por dos a las víctimas de Pinochet en Chile. El número de "falsos positivos" es mayor de lo que se había reconocido en el pasado y muestra que ese periodo, en el que gobernó Álvaro Uribe, quien rechaza las acusaciones, "se registró el 78% del total de la victimización histórica".

Durante los años en que Álvaro Uribe Vélez fue presidente de Colombia, 1.200 integrantes de la Fuerza Pública fueron procesados por falsos positivos, de los cuales casi la mitad fueron finalmente absueltos por falsas acusaciones. Tres organizaciones no gubernamentales (ONG) y once víctimas presentaron una denuncia en su contra por la presunta partición en las ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por el Ejército.

Felipe González (España): En su gobierno dio luz verde a la formación de un grupo de mercenarios controlado por el ejército para combatir fuera de la ley a los terroristas de la organización armada vasca Euskadi ta Askatasuna (ETA), que se conocieron como Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), informó ayer el diario español de derecha La Razón.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) señala lo anterior en un informe recién desclasificado que data de enero de 1984.

El reporte añade que el gobierno parece determinado a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA, y agrega que los mercenarios no serían necesariamente españoles y tendrían como misión asesinar a los líderes de ETA en España y Francia. Sin embargo, pese a que sabían quiénes eran los dirigentes del grupo armado, se atacó a peces pequeños.

Los GAL, que operaron entre 1983 y 1987, mataron a ciudadanos franceses sin adscripción política conocida. Fueron responsables de 27 asesinatos y varios secuestros, torturas y malversación de dinero público.

Vicente Fox (México): Una de las polémicas más destacadas fue la relación de Fox con el narcotráfico. Durante su gobierno, los cárteles de la droga continuaron su expansión y muchos criticaron la falta de medidas efectivas para combatir este problema. Además, surgieron acusaciones de que algunos miembros de su gabinete estaban vinculados con el crimen organizado, lo que socavó aún más la credibilidad de su administración.

Otro tema que generó controversia fue el manejo de la economía. A pesar de las promesas de Fox de impulsar el crecimiento económico y reducir la pobreza, muchos ciudadanos no experimentaron mejoras significativas en sus condiciones de vida. Además, hubo críticas sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la falta de resultados concretos en la lucha contra la corrupción.

Juan Carlos Wasmosy (Paraguay): Fue condenado en 2020 a cuatro años de cárcel por corrupción en la transferencia, en 1997, de un multimillonario fondo a un banco quebrado.

Los antecedentes de la causa señalan que en 1997 Wasmosy ordenó -según la investigación del magistrado Jorge Bogarín- al estatal Instituto de Previsión Social (IPS), encargado del seguro social obrero, desviar 6 millones de dólares de sus reservas para capitalizar al Banco de Desarrollo, comercial y privado, al cual estuvo vinculado a través de terceros.

Wasmosy es el primer presidente en la historia de Paraguay que es condenado por la Justicia.

Luis Alberto Lacalle, quien fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995, impulsó un programa de privatización de empresas públicas que generó un intenso debate en el país. Su administración aprobó la Ley N.º 16.211 en 1991, conocida como la Ley de Empresas Públicas, que buscaba eliminar monopolios estatales y permitir la asociación con capitales privados en varias empresas públicas como ANTEL, PLUNA y la Administración Nacional de Puertos.

Sin embargo, estas medidas fueron muy controvertidas y enfrentaron una fuerte oposición. En 1992, un referéndum popular derogó parcialmente la ley, reflejando el descontento de una gran parte de la población que consideraba que las privatizaciones eran perjudiciales para el país.

Jamil Mahuad (Ecuador): El 21 de enero del 2000, Mahuad recibió múltiples críticas y presiones para que abandone el Gobierno. El descontento impulsó marchas y protestas sociales que respondían a las drásticas medidas económicas como la elevación del precio de los combustibles y el congelamiento de los depósitos en la banca, denominado como 'feriado bancario'.

Las finanzas nacionales se vieron afectadas por la caída de la economía del 7%, el precio del barril de petróleo a USD 7 y una inflación de 60,7%, que produjo el cierre de una treintena de instituciones bancarias entre 1998 y 1999.

REDACCIÓN MAZO