Publicado: 11/11/2026 08:00 PM

LOS POZOS DE LA MUERTE EN EL ESTADO ZULIA

(El Pozo de la Muerte, autor: Luis Hómez, Panorama, 31 de agosto 1985 y El Diario de Caracas, 2 de mayo 1986)

• Entre 1985 y 1989, durante el gobierno de Jaime Lusinchi, se detectaron más de 600 personas desaparecidas en el estado Zulia, víctimas en su gran mayoría de funcionarios policiales que usaron viejos pozos abandonados, trincheras o fosas recientes, algunas de más de 50 metros de profundidad, para arrojar sus restos al fondo y borrar todo rastro de los homicidios cometidos.

• Entre ellos, figura un menor de edad cuyo asesinato conmocionó a toda Venezuela, por el seguimiento que se pudo hacer de su desaparición, debido a la lucha que en todos los terrenos dieron sus desesperados padres:
  • El 7 de agosto de de 1985, fue desaparecido el menor de edad, Rafael Antonio “Macho” González, de 15 años. Este joven sufrió el mismo destino de muchos otros que bajo custodia policial fueron víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en el estado Zulia, cuando era gobernador Omar Barboza.
• Ante el hallazgo de más de 600 osamentas humanas, certificadas por antropólogos forenses, ubicadas en distintas localidades del edo. Zulia, el entonces gobernador de esa entidad, Barboza, declaró: “Son huesos de vaca depositados por los mataderos”.
• Contrario a lo que dijo Barboza, estos vertederos de osamentas humanas fueron en realidad antiguos aljibes, trincheras o fosas nuevas cavadas por los cuerpos policiales del edo. Zulia para intentar desaparecer los restos mortales de las víctimas que ajusticiaban.
• Según las investigaciones liderizadas por el dirigente Luis Hómez, diputado a la Asamblea Legistiva por el Movimiento al Socialismo (MAS) y parlamentarios de una comisión (ad hoc) integrada por senadores y diputados al Congreso Nacional se pudo concluir que “no existía la menor duda de la complicidad de los organismos policiales en estas desapariciones”.
• Para los parlamentarios que solicitaron las investigaciones del pozo ubicado en el sector Bajo Grande de la hacienda Quintero en Maracaibo, lo descubierto fue “un espectáculo tenebroso, a pesar de que las autoridades pretendan minimizarlo”.
• Barboza, por su parte, para eludir toda responsabilidad, agregó que “si los huesos empozados no eran de vaca entonces se trataba de una conspiración contra los organismos policiales”. Posteriormente, al reconocer que sí eran humanos, dijo que se trataba de delitos prescritos por la ley por cuanto los cadáveres databan de más de 10 años de su inhumación.
• Lo cierto es que a raíz de sus declaraciones todas las excavaciones fueron obstaculizadas y el gobernador usó todo su poder para impedir la continuación de estas investigaciones.
• El gobernador también prohibió el paso de los médicos forenses para que rindieran declaración acerca de las autopsias efectuadas.
• Los periodistas y reporteros gráficos fueron desalojados de la zona, sus cámaras fotográficas confiscadas. No pudiendo cubrir la noticia ni obtener información sobre las fosas descubiertas.
• Sin embargo, El Diario de Caracas logró publicar algunas de las fotos de los restos de las víctimas ajusticiadas y la identificación de dos de los 600 desaparecidos; se trataba de:
  • Nelson Enrique Hernández y José Alberto Carrillo, a quienes le fueron encontradas en sus bolsillos sus respectivas cédulas de identidad.
  • Adicionalmente, en ese mismo reportaje aparecieron identificadas las osamentas de Jaime Mauricio Ibarra y Jorge Rogelio López.
• Uno de los funcionarios policiales allí destacados para obstaculizar las investigaciones declaró al Diario de Caracas que “se trataba de delincuentes y que por eso los habían matado”.
• Posteriormente se constató que el gobernador era socio en más de un turbio negocio del entonces presidente Jaime Lusinchi, y que escaló su ascenso a la primera magistratura del Zulia gracias al padrinazgo del multimillonario zuliano Beto Finol, gran beneficiario de los dólares preferenciales de RECADI. Dueño del North Ridge Bank-Miami, en el que Lusinchi llegó a depositar 6 millones de dólares.
• Fue gracias al empeño del diputado por el MAS, Luis Homez, que se realizaron las investigaciones para esclarecer algunos casos, entre los centenares de personas que fueron fusiladas por los cuerpos de seguridad del Estado.
• Para sabotear las investigaciones, los jueces tarifados a la orden de las mafias regionales mandaron a sellar los pozos con escombros y cemento, además de demoler los paredones donde se habían practicado los fusilamientos con tiros de gracia.
• Se persiguieron testigos, se amenazó de muerte a periodistas, se encarcelaron los investigadores privados y se ordenó la suspensión de toda publicación de prensa al respecto.
• Sin embargo, a pesar de las tácticas obstructivas el cuerpo de Rafael González “El Macho” apareció dos años después en una finca, a 45 minutos de La Cañada.
• Las experticias médico-forenses lograron determinar que el joven fue ajusticiado el mismo día de su secuestro de un disparo en la nuca, efectuado por un empleado de la finca en presencia de los funcionarios policiales que lo detuvieron.

REDACCIÓN MAZO