Publicado: 30/10/2024 10:00 PM

(¿QUÉ pasa en Venezuela?, 18 de marzo 1966)

• El 27 de octubre de 1965, apareció arrastrado entre las redes de un pescador el cuerpo encadenado del profesor y dirigente comunista Alberto Lovera. Esto ocurrió en una playa llamada El Morro de Barcelona, cercana a Lecherías, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.
• Para ocultar la verdad, el gobierno de Raúl Leoni hizo todo lo posible por encubrir a los autores materiales e intelectuales del crimen. Entre ellos, al entonces ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios y a los torturadores de la Digepol: J.J. Patiño, Carlos Vegas, Alberto Ochoa, José R. Antúnez y Carlos Quintero.
• El diputado José Vicente Rangel, en un informe de 44 folios, presentó las pruebas irrefutables sobre la responsabilidad del gobierno en este asesinato, el cual quedó plasmado en su libro “Expediente Negro”.
• Las actuaciones de Rangel y de María del Mar Álvarez de Lovera, viuda del profesor asesinado, no solo sirvieron para sentar un precedente en la lucha por el esclarecimiento del crimen, sino para excarcelar a algunos testigos oculares, presos políticos, que se encontraban arbitrariamente detenidos en el Edificio Las Brisas, Urbanización Los Chaguaramos de Caracas, sede la policía política del Estado.
• Las evidencias demostraron que fue en la sede de Dirección General de Policía (Digepol), donde al profesor Alberto Lovera, después de ser sometido a torturas, le rompieron las vertebras, le cortaron las manos y mutilaron parte de su cuerpo; el cual fue finalmente arrojado, con un pico clavado en el pecho en una playa de Lecherías, edo. Anzoátegui.
• Rangel denunció el sistema de torturas, desapariciones y asesinatos instaurados desde la sede la Digepol, cuya responsabilidad recayó en el Gobierno de Raúl Leoni (1964-1969).
• Pasado un año de este abominable crimen, ya se sabía quiénes eran los culpables del asesinato, sin embargo de manos de la Policía Técnica Judicial (PTJ) el expediente fue coloquialmente “ruleteado” entre el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Barcelona, a cargo del Dávila Varone y Cumare Navas, Juez de Primera Instancia en lo Penal de Caracas, en cuyo tribunal estuvo paralizado por varios años.

REDACCIÓN MAZO