Publicado: 21/10/2026 09:00 PM

200 banqueros prófugos de la justicia huyen luego de malversar 13.000 millones de dólares

(2001, 5 de enero de 1995; Élite, 15 de marzo 1994; Últimas Noticias, 18 de enero 1994; El nuevo País, 10 de octubre 1994; El Nacional, 13 de agosto 1987; El Globo, 28 de junio 1972)

• El equivalente a 18 Planes Marshall, 265.000 millones de dólares, fue malversado y sacado de Venezuela entre 1973 y 1995. Así lo denunció el escritor Arturo Uslar Pietri en 1996, en ocasión de hacer un balance de los ingresos petroleros recibidos por el auge de los precios del crudo.
• Uno de estos asaltos al Tesoro Público Nacional, lo constituyó el bochornoso affaire conocido como “El Latinazo”.Escándalo protagonizado por presidentes y directivos de 19 bancos intervenidos que pusieron “pie en polvorosa” y se fugaron del país luego de haber usufructuado, en beneficio propio, 13.000 millones de dólares provenientes de auxilios financieros, equivalentes al 31% del Producto Interno Bruto (PIB).
• De los 834 implicados, a quienes la Jueza Penal Diamora Ramírez de Simancas dictó auto de detención por “apropiación indebida de fondos públicos”, solo un empleado asalariado del Banco Latino (BL), Daniel León Yallonardo, estuvo pagando cárcel en nombre de más de 200 banqueros prófugos de la justicia.
• En la lista de los directivos del BL, que se dieron la gran vida en el exterior con el dinero de los venezolanos, aparecieron señalados en la prensa:
  • Gustavo Gómez López (presidente)
  • Claudia Febres Cordero de Gómez (esposa del arriba señalado)
  • Juan Gómez López (hermano del arriba mencionado)
  • Haydeé Gómez López (ídem)
  • Gustavo E. Planchart Pocaterra
  • Fernando Antonio Lauría Romero
  • Ricardo Cisneros Rendiles
  • Eloy Alfredo Montenegro Salóm
  • Mario Palenzola Bombis
  • Edwin Ezequiel Acosta Rubio
  • Giacomo León Rachelle
  • Arturo Malavé Álvarez
  • María Teresa Pulgar
  • Adolfo Malavé
  • María Espejo
  • Giussepe Santoro Spadavechia
  • Miguel Ferro Ramos
  • Lermit Ricardo Mendoza Pelayo
  • Folco María Falchi Tibieri
• Posterior a la fecha de intervención del BL, ocurrida el lunes 16 de enero de 1994, en efecto domino cayeron 19 entidades bancarias, y en todos los casos se dictaron autos de detención: “…por la comisión de los delitos de aprovechamiento o distracción de dinero concedido por organismos públicos, aprobación dolosa de créditos otorgados a empresas relacionadas y apropiación o distracción de recursos de una institución financiera…”
• Entre los encausados y prófugos de la justica estaban los banqueros:
  • José Álvarez Stelling, presidente del Banco Consolidado
  • David Brillembourg, Banco Metropolitano
  • Rene Brillembourg, Banco Metropolitano
  • José Bauza, Banco Venezuela
  • Orlando Castro Llanes, presidente del Grupo Progreso
  • Roger Urbina, Superintendente de Bancos, este último señalado por encubrimiento de ilícitos bancarios.
• La jueza titular del Tribunal Trigésimo Cuarto de Primera Instancia en lo Penal, Dra. Ramírez de Simancas, pasó en aquella oportunidad por encima de los grandes apellidos del más puro abolengo y declaró que ninguno de los indiciados quedaría impune. Acto seguido dictó 162 autos de detención (privativas de libertad).
• Sin embargo, al momento de realizarse las 300 visitas domiciliarias (allanamientos) para detener a los indiciados, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubrió que ya habían dado “un madrugonazo” huyendo del país en sus respectivos aviones privados o vuelos comerciales en primera clase.
• Casualmente, a un yerno del presidente Rafael Caldera, Fernando Araujo, director ejecutivo del Banco Metropolitano, le dieron el dato y escapó de Venezuela, siendo condenado en ausencia por los delitos de “distracción y aprovechamiento fraudulento de fondos públicos”, que implicaba condenas de 2 a 10 años de prisión.
• Entre los beneficiarios del aprovechamiento fraudulento de fondos públicos aparecen el copeyano Oswaldo Álvarez Paz,quien recibió 20 millones de bolívares del prófugo Gustavo Gómez López, y su amigo, el socialcristiano Vladimir Petit, cónyuge de Nitu Pérez Osuna, hijo del entonces Procurador General de la República, Jesús “El Chivo” Petit Acosta. Vladimir Petit, convicto y confeso, declaró haber recibido dinero mal habido de manos de Orlando Castro Llanes para financiar sus actividades políticas y suntuosa vida privada. Sobre lo cual expresó que lo hizo «del mismo modo que lo hicieron otros importantes políticos venezolanos y extranjeros». Dejando al descubierto cómo funcionaba el entramado dela sociedad de cómplices en la Cuarta República.

RESUMEN:

• Como “chivo expiatorio” solo fue a la cárcel un subalterno asalariado de Gómez López.
• 7.5 millones de personas se vieron directamente impactadas por la quiebra fraudulenta del Banco Latino y su efecto desencadenó la caída de 18 instituciones financieras.
• Para el día en que el BL tuvo que bajar la santamaría, su presidente y principales directivos ya estaban todos fuera del país.
• El BL venía maquillando sus estados financieros desde 1991, sus cuentas estaban en rojo desde 1992 y, para evitar que saliera de la cámara de compensación, el Banco Central de Venezuela (BCV) le había adelantado más de 1.788 millones de dólares en auxilios financieros para reflotarlo.
• Esta operación de salvataje o rescate económico solo sirvió de modelo para “rescatar a otros banqueros” durante el gobierno de Rafael Caldera II, quienes viéndose favorecidos con más de 16.000 millones de dólares, dejaron a Venezuela en ruinasy como magnates se fueron a vivir a Miami, Londres, París, Suiza, Madrid y Nueva York.
• El 12 de junio de 1995, a un año del gobierno, el rescate de Caldera otorgado a los banqueros superó el monto del presupuesto nacional de la nación.
• En esta asociación para delinquir, políticos y banqueros cometieron los siguientes actos malversación:
  • Aprobación dolosa de créditos a empresas de su propiedad.
  • Emisión de documentos falsos para ocultar irregularidades.
  • Forja de documentos públicos.
  • Apropiación indebida de fondos públicos en beneficio propio.
  • Estafa en grado de continuidad.
  • Elaboración y publicación de balances financieros falsos.
  • Violación de las normas fiduciarias y tributarias.

REDACCIÓN MAZO